Gran Scala will have an Agile Project Management in Aragon
El pleno de las Cortes de Aragon en Zaragoza convalidó hoy el decreto-ley de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica, cuyo objetivo es agilizar los trámites administrativos, tanto para la actividad pública como privada, ante la crisis económica, iniciativa que contó con el voto en contra de los grupos de la oposición.
Los grupos de Partido Popular (PP), Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) sumaron un total de 28 votos en contra y 37 a favor los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Socialista (PSOE) y Partido Aragonés (PAR).
El vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Angel Biel, fue el encargado de defender ante la Cámara el decreto-ley y señaló que el objetivo era “facilitar al máximo las iniciativas económicas públicas y privadas para la creación de empleo en Aragón” antes de que se acabe la crisis económica.
Según Biel, este decreto-ley es una “reacción eficaz y oportuna” del Gobierno, resaltó la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe proyectos de interés autonómico, para los que se reducen plazos administrativos a la mitad, y recordó que la aprobación del decreto-ley es posible gracias al Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007.
El pleno de las Cortes de Aragón votó también, a petición de la oposición, la posibilidad de tramitar el decreto-ley como proyecto de ley, iniciativa que fue rechazada con los votos del PSOE y PAR (37 votos) y apoyada por PP, CHA e IU (28 votos). Los grupos de la oposición pretendía realizar aportaciones al texto y modificar los puntos que, a su entender, plantean problemas de inseguridad jurídica o discrecionalidad del Gobierno de Aragón.
Discrepancia
El portavoz del PP, Manuel Guedea, se mostró de acuerdo con utilizar la figura del decreto-ley para actuar ante la crisis económica, pero discrepó con algunas de las medidas que recogía porque opinó que no estaban relacionadas con la crisis, como la revisión de los procedimientos administrativos, o se podían solventar con normativa ya existente.
El portavoz de CHA, Chesús Yuste, calificó el decreto-ley de “decretazo” por no tener en cuenta a los grupos parlamentarios de la oposición y anunció que va a ser “una fuente de problemas” porque habrá empresas “que se sienta discriminadas” ya que “no fija criterios objetivos” para la declaración de proyectos de interés autonómico.
El Gobierno de Aragón podrá decidir en esa materia “lo que le plazca sin más criterios que su santa voluntad”. A su entender, “detrás de esto están Gran Scala”. También advirtió de la “inseguridad jurídica” que puede generar iniciar una actividad empresarial sin necesidad de esperar a licencias o autorizaciones.
El portavoz de IU, Adolfo Barrena, criticó que el uso del decreto-ley “porque nos coarta la posibilidad de aportar” en un asunto como la crisis económica que “requiere acuerdos” y si bien se mostró a favor de simplificar los trámites administrativos, “no en la forma en cómo se plantea”, además de que aseguró que el decreto-ley abre una puerta “a la discrecionalidad” del Gobierno.
“No vale cualquier cosa ante la crisis, no vale ser complaciente con todos los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)” y dar “cheques en blanco” a algunos proyectos “en función de unos determinados intereses”, recalcó Barrena.
El portavoz del PSOE, Antonio Piazuelo, señaló que ante una “situación excepcional” como la crisis el Gobierno se están planteando medidas excepcionales, mientras que el portavoz del PAR, Javier Allué, comentó que el Gobierno de Aragón “no es el lobo feroz”, sino que “tiene ideas y el coraje de llevarlas a la práctica”, con “todos los controles necesarios” y “amparados por la legalidad”.
Nuevas figuras decreto-ley
El decreto-ley crea la figura del interés autonómico, que permite que los proyectos que se acojan a ella reduzcan los plazos administrativos a la mitad, salvo para las solicitudes y los recursos. La declaración de interés autonómico se inicia a propuesta de cualquiera de los miembros del Gobierno, para proyectos de especial relevancia en el desarrollo económico, social y territorial de Aragón. Otra nueva figura es la de la tramitación administrativa preferente, destinada a contratos administrativos que implique mayor inversión y creación de empleo, que se tramitarán por vía de urgencia. Es el caso de obras, concesión de obra pública o los derivados de la colaboración entre el sector público y privado. El nuevo decreto-ley también contempla la figura de declaración responsable, que permite al empresario iniciar directamente su actividad sin necesidad de esperar a licencias o autorizaciones, cumpliendo determinadas garantías y con la pertinente comprobación posterior por parte de la Administración. En caso de que las inspecciones posteriores detecten falsedades, se impondrá un régimen sancionador que podrá requerir el cese de actividad.







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