
La plataforma Stop Gran Scala acusa al Gobierno de Aragón de legislar a la carta
La plataforma Stop Gran Scala señala en una nota de prensa que “sacarse de la manga una ley para regular iniciativas como Gran Scala es dar carta de naturaleza a este macroproyecto, apostando decididamente por el nefasto modelo que iniciativas como esta representan”.
La aparición en el articulado de conceptos como el del Consorcio, dotado de atribuciones jurídicas y ejecutivas, “contraría el ordenamiento constitucional español”, lo que, a juicio de los opositores al complejo de ocio y juego de los Monegros, supone “no solo una ley a la carta sino la consagración de cantones jurídicos dentro del territorio de Aragón”.
Aseguran que con la aprobación de este Proyecto de Ley, el Gobierno autonómico “se deja las manos libres” para aprobar cuantas actuaciones y modificaciones legales sean necesarias de las normas y leyes consensuadas anteriormente por todos los grupos políticos como la Ley del Juego y otras que afectan al territorio y al modelo de desarrollo social de esta Comunidad.
En este sentido, critican al Gobierno por regirse bajo “criterios de oportunidad” y no atender a las necesidades reales de la ciudadanía, cuando en la actual coyuntura de crisis económica debería concentrar sus energías y recursos en impulsar políticas de empleo creíbles y sostenibles.
En este sentido, reclaman al Gobierno de Aragón de que se desvincule del protocolo firmado con los promotores (ILD) del proyecto Gran Scala.

Por su parte, Chunta Aragonesista CHA critica la actitud de “servidumbre” del Gobierno de Aragón ante ILD, y reclama al presidente de la Comunidad, Marcelino Iglesias, que sea responsable, rompa el protocolo de colaboración firmado en diciembre de 2007 y atienda las necesidades de la ciudadanía “en vez de plegarse a los intereses privados de un grupo empresarial”.
La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, también opina que dicho Proyecto de Ley “está hecho a la carta para Gran Scala” y es el ejemplo “más aplastante del rotundo fracaso de las políticas de desarrollo rural del Gobierno en Aragón” y “de la errónea política de desarrollo que intenta llevar a cabo y que se centra en el urbanismo insostenible tanto social como medioambientalmente”.
Nieves Ibeas advierte asimismo del “peligroso” precedente que sienta el Gobierno “plegándose y utilizando al poder legislativo de las Cortes de Aragón al servicio de los intereses privados”.









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