Gran Scala

Aragon aprueba la Ley de Centros de ocio de Alta Capacidad

Esta Ley regulará las instalaciones de gran impacto turístico y, según el Gobierno de Aragón, “tiene rígidas garantías legales y exige la presentación de avales por parte de los promotores por valor de seis millones de euros”, además de que establece las dimensiones mínimas que debe tener este tipo de instalaciones, mil hectáreas, creación de más de 3.000 empleos y la oferta de al menos 8.000 plazas hoteleras.

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias (i), conversa con su vicepresidente, Jose Angel Biel (2i), y con los consejeros de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva (2d), y de Industria, Arturo Aliaga (d), durante el pleno de las Cortes de Aragón en el que hoy se ha debatido el dictamen sobre el proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que regulará el multimillonario macrocomplejo de ocio y juego Gran Scala en el término municipal de Ontinena en Huesca.

El diputado del PAR Javier Callau, quien ha defendido la Ley en el pleno celebrado hoy en la cámara, ha insistido en que se trata de una norma que facilita la instalación de proyectos en la Comunidad con una generación importante de riqueza y empleo, y ha valorado el “elevado grado de consenso” obtenido en la tramitación.

Por su parte, CHA e IU han rechazado la legislación “a la carta” que, en su opinión, se está llevando a cabo con la aprobación de esta norma, más aún teniendo en cuenta los dos informes de los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón, en los que se presentan dudas sobre la posible inconstitucionalidad de algunos artículos.

Callau ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Marcelino Iglesias considera muy importante el desarrollo de Aragón y el bienestar de sus ciudadanos, especialmente en las zonas donde “se carece de casi todo”, y, por ello, ha mostrado su seguridad de que con la aprobación de esta Ley “se toma la decisión correcta”, porque responde a las “esperanzas” de la Comunidad y a “los sueños de las personas que queremos vivir aquí“.

En este sentido, ha lamentado el “aprovechamiento partidista” que algunos grupos parlamentarios pretenden hacer de esta situación, teniendo en cuenta que “esta Ley tiene un impacto mediático superior a cualquier otra”.

Eloy Suárez, del PP, aunque ha mostrado su apoyo a proyectos de este tipo que generan un gran número de empleos, ha explicado que su grupo se ha abstenido en los artículos “que serían susceptibles de incurrir en inconstitucionalidad” y ha lamentado la “tramitación tortuosa y difícil” de una norma “compleja y con muchas aristas”.

A su juicio, una Ley “de este calado” requería de un “debate sosegado”, ya que “las prisas son malas consejeras”, y ha echado en falta en la norma algunas cuestiones, como una mayor defensa del medio ambiente o garantías respecto a la vertebración del territorio.

Por su parte, el diputado de CHA Chesús Yuste ha explicado que rechaza esta Ley no sólo “por ser inconstitucionalidad”, sino porque “es una barbaridad legislar a la carta” y que el Gobierno “siga apostando por un modelo especulativo que nos ha conducido a la crisis” y no por “un modelo más sano basado en la innovación y el conocimiento”.

En este mismo sentido se ha posicionado Adolfo Barrena, de IU, quien ha recordado que su partido “dijo no a esta locura” y a “esta aberración” desde un principio, y ha lamentado que no se haya preguntado a la ciudadanía respecto a este proyecto.

Además, ha expresado al Ejecutivo autonómico que lo que se está haciendo con esta “mala” ley es “propio de un Gobierno bananero”, donde se cambian normas con facilidad para que proyectos privados puedan seguir adelante, y ha agregado que se va a permitir la apertura de un “guantánamo territorial” en la localidad oscense de Ontiñena donde está proyectado el complejo.

Por su parte, el diputado del PSOE José Ramón Ibáñez ha resaltado que quien gobierna debe dejar de tener vértigo a la hora de tomar decisiones, y ha considerado que de no haber asumido riesgos proyectos como Plaza o la Ciudad del Motor no hubieran seguido adelante.

Se ha mostrado convencido de que es “muy beneficioso y positivo” para la comunidad que se instalen proyectos de cualquier tipo en su territorio, y ha opinado que no de debe demonizar ningún sector económico, al tiempo que ha pedido a los grupos que no responsabilicen a los servicios jurídicos de las Cortes de sus decisiones.

junio 25, 2009 Publicado por Granscalina | *Viva Gran Scala | Gran Scala | 1 comentario

La Letrada Mayor de las Cortes de Aragon duda sobre Gran Scala

La Letrada Mayor de las Cortes de Aragón , Vega Estella, ha emitido un informe en el que respalda el documento de correcciones técnicas del letrado que asesoró a la ponencia que tramita la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad en el que expresaba dudas sobre la constitucionalidad de algunos preceptos.

En este nuevo informe, la Letrada Mayor destaca que ella misma vio el documento emitido por el letrado y que consideró que “estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica”.

“Las dudas jurídicas expresadas por el letrado se enmarcan dentro de la tarea de asesoramiento que tenemos encomendada y han sido realizadas en el ejercicio de tal función, por lo que estimo que han sido realizadas cumpliendo los requisitos establecidos”, indica la Letrada.

Estella señala que en este caso, emitió sus advertencias sobre posible inconstitucionalidad en el informe de correcciones técnicas y que es “normal” que los letrados adviertan cuando aprecian indicios de inconstitucionalidad en los textos porque es “parte fundamental” de su trabajo.

“Resulta sorprendente -afirma Vega Estella- que en este caso se quiera condicionar la decisión política por lo expuesto en un informe de un letrado”, ya que las correcciones técnicas, que forman parte de la costumbre parlamentaria pero no están recogidas en ningún reglamento, carecen de cualquier valor vinculante y su rechazo no distorsiona “ni mucho menos paraliza” el procedimiento legislativo.

La Letrada Mayor, quien aclara que ni la presidencia de las Cortes, ni la Mesa ni la Junta de Portavoces ni la ponencia han tratado de influir en la elaboración de su informe, explica las funciones de los letrados en el asesoramiento de los diputados y resalta que nunca un informe jurídico emitido desde el asesoramiento “puede sustituir la decisión política”, aunque deban ser tenidos en cuenta, valorados y sopesados.

El letrado, agrega, puede plantear dudas sobre la constitucionalidad pero el juicio, insiste, sólo está encomendado al Tribunal Constitucional y “que un jurista o varios juristas emitan un juicio al respecto no significa en modo alguno que el TC vaya a dictaminar en idéntico sentido”.

La Letrada Mayor hace hincapié, en ese sentido, en que los diputados no pueden verse “constreñidos” para variar su decisión política en función de unas dudas jurídicas expresadas en un informe de correcciones técnicas, “no en un informe expresamente encomendado para dar respuesta a un problema concreto con todos los instrumentos jurídicos”.

Por ese motivo, estima que hacer recaer la decisión política sobre el juicio que los servicios jurídicos les merezca un precepto es “difícilmente sostenible”.

Precisa además que en el informe del letrado constan 48 correcciones técnicas (cuatro terminológicas, diez gramaticales y otras tantas que afectan a la rúbrica de los artículos, nueve llamadas a mayor concreción, tres de inserción en el ordenamiento jurídico, seis técnicas y tres “dudas” sobre la constitucionalidad de tres párrafos de tres artículos.

Pone como ejemplos recientes de otras leyes la Urbanística de Aragón, que contó con 254 correcciones técnicas, dos advertencias de inconstitucionalidad en Ponencia y dos más en el informe de correcciones frente a 290 artículos y 42 disposiciones.

“Como ordena nuestro Estatuto de Autonomía, los diputados legislan y, como dice nuestro reglamento, los letrados asesoran. Invertir los términos sería la mayor degradación de nuestra democracia”, sentencia Estella.

Hace hincapié, asimismo, en que las sugerencias, dudas, indicios y apreciaciones de los letrados sobre la constitucionalidad de un proyecto están “revestidos de un halo de provisionalidad” que solo desaparece a través de una sentencia del TC.

Y con ese “halo de provisionalidad” se han realizado las apreciaciones del letrado que asesoró a la Ponencia de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, quien manifestó las valoraciones jurídicas que estimó oportunas “de forma prudente, sin dogmatismo, sin afirmaciones rotundas y bajo la objetividad y neutralidad que preside la actuación” de los servicios jurídicos.

Además, Estella llama la atención sobre las características de la propia ley, porque las consecuencias jurídicas que pueda tener se retrasan al momento de iniciación de un procedimiento de autorización de un centro de ocio de alta capacidad, por lo que si no se plantea ninguna solicitud la ley carecería de consecuencias.

Destaca, por otra parte, los precedentes que existen en las Cortes de Aragón de advertencias de inconstitucionalidad frente a proyectos aprobados que después no fueron declarados inconstitucionales, como la Ley de ordenación de sistema universitario aragonés, la modificación de la ley de parejas estables no casadas o la ley de vías pecuarias.

También existen, detalla la Letrada Mayor, leyes aprobadas sin advertencias que después el TC declaró inconstitucionales en algún precepto, como la Ley reguladora del Justicia de Aragón o la ley de creación de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y leyes aprobadas con advertencias y declaradas no acordes a la constitución, como las leyes de presupuestos de 1992 y 1993.

junio 25, 2009 Publicado por Granscalina | *Viva Gran Scala | Gran Scala | Dejar un comentario

Gran Scala sin dudas constitucionales

PSOE y PAR fracasan en su intento de conseguir un informe favorable a la ley de Gran Scala

Los partidos que sustentan al Gobierno en Las Cortes, PSOE y PAR, no han logrado el respaldo jurídico que querían para aprobar la ley de Gran Scala sin dudas constitucionales y, pese a esto, ratificarán la norma que legaliza el proyecto. La letrada mayor de la Cámara, Vega Estella, ha respaldado el dictamen anterior de un jurídico de su equipo que planteó dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad. No obstante, lejos de profundizar y aportar argumentos, la jurista se dedica en 21 folios a advertir de que su labor se limita a “asesorar” y que la decisión es política, que este tipo de apreciaciones son “normales” y que los jurídicos gozan de “autonomía funcional”.

La semana pasada, uno de los letrados de las Cortes presentó un informe de correcciones técnicas a esta norma. En él, planteaba dudas de constitucionalidad en un artículo que permitía al Gobierno de Aragón expropiar terrenos en aras del interés general una vez que los promotores privados hubieran obtenido el 80% de los suelos. Asimismo, advertía de inseguridades jurídicas por la normativa de juego singular que iban a tener estos proyectos frente al resto del territorio. Ante estas puntualizaciones, los partidos que sustentan el gobierno decidieron solicitar un informe a la letrada mayor de las Cortes. Ayer se dio a conocer.

Estella explica que ella dio el visto bueno y consideró “que estaba ajustado a las correcciones técnicas habituales y redactado en los términos que aconseja la prudencia jurídica”. Pero defiende “la autonomía funcional” de los juristas. “Los letrados desempeñan sus funciones bajo los principios de objetividad, neutralidad y rigor”, subraya Estella, que explica que ella no da directrices a sus letrados. Y en su ánimo de restar importancia y normalizar este tipo de dictámenes, recalca que las dudas de inconstitucionalidad se han expresado en otras leyes autonómicas como la urbanística.

No obstante, reconoce que habitualmente suelen plantearse en la fase de ponencia verbalmente para que se resuelvan antes y no en las correcciones. “Es normal que los letrados advirtamos cuando apreciamos indicios de inconstitucionalidad en los textos objeto de elaboración de tales indicios”, dice, y recuerda que solo el Tribunal Constitucional puede emitir un juicio en este sentido. Pero no aporta ningún argumento que sustente esas dudas. Solo valora si se han planteado correctamente desde un punto de vista formal.

En esta línea, la letrada mayor de las Cortes deja claro en su informe -que ella reconoce que es “peculiar” y que obedece a “una situación alejada de la cotidianeidad”- que la labor de los servicios jurídicos se limita a asesorar y que el dictamen de correcciones técnicas no es vinculante. Es más, aclara que su rechazo no “paraliza el procedimiento legislativo” y que no deben “distorsionarse” estas dudas, que “tienen el valor que habitualmente tienen”.

Por eso, recuerda a los diputados que la decisión última sobre las leyes es política porque son los diputados los que tienen la potestad de legislar, según el Estatuto. Y lanza un mensaje a los partidos: “Creemos, desde el rigor procedimental y jurídico, que los grupos parlamentarios no pueden verse constreñidos para variar su decisión política en función de unas dudas jurídicas expresadas en un informe de correcciones técnicas, no en un informe jurídico expresamente encomendado para dar respuesta a un problema concreto con todos los instrumentos jurídicos que habitualmente se utilizan”.

E insiste: “Creemos que los informes jurídicos deben ser tenidos en cuenta, valorados, sopesados, pero (…) no pueden sustituir a la decisión política, deben ayudar a conformarla, pero no pueden convertirse en protagonistas de la misma”. De hecho, llega a decir que la decisión política “debe arriesgar, tener en mente otros factores que no tienen cabida en un informe jurídico”.

Vega Estella, además, se muestra sorprendida por la repercusión del informe de correcciones técnicas, que considera “desmesurada”, y critica que la aprobación de una ley dependa del juicio de una letrada, lo que -según ella- “distorsiona todo el sistema”. “La labor de los letrados debe permanecer ajena a injerencias externas”, insiste.

Explicación “insólita”

Pero va más allá y llama la atención sus últimas puntualizaciones, por “insólitas”, como ella misma reconoce. Consciente -dice- de que estas consideraciones “van a tener una proyección que trascenderá el estricto ámbito parlamentario”, la letrada mayor manifiesta “el deseo de dejar constancia de la absoluta falta de condicionamientos para realizar las argumentaciones expuestas”.

“Ni la Presidencia de la Cámara, ni la Mesa de las Cortes, ni la Junta de Portavoces, ni la Ponencia y, en consecuencia, ninguno de los miembros que integran estos órganos, han tratado de influenciarnos a la hora de elaborar este informe que obviamente está sometido a otro mejor fundado en Derecho”, concluye el informe jurídico.

junio 25, 2009 Publicado por Granscalina | *Viva Gran Scala | Gran Scala | Dejar un comentario