Gran Scala

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, mostró este viernes su confianza en que el futuro complejo de ocio y juegos de azar Gran Scala “cree empleo y riqueza”, al tiempo que enmarco esta iniciativa en la tendencia de las sociedades avanzadas a basar su economía en el sector servicios. Iglesias respondió así a una pregunta del diputado de IU, Adolfo Barrena, en el Pleno de las Cortes de Aragón.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autónomo aclaró que la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, aprobada ayer por el Pleno parlamentario y que permitirá, legalmente, abrir Gran Scala, no es una norma ‘ad hoc’, sino que regulará la puesta en marcha de cualquier centro de ocio de alta capacidad que pretenda instalarse en Aragón, no sólo el único presentado hasta ahora.

Iglesias prosiguió afirmando que será el Gobierno autónomo, bajo el prisma de esta Ley, el que decida “cuál de ellos cumple mejor” la normativa y aprovechó para recordar las condiciones que impone esta Ley a los centros de este tipo, entre las que citó la obligación de crear al menos 3.000 puestos de trabajo y la de levantar como mínimo 8.000 plazas hoteleras.

El presidente aragonés opinó que “quien se atreva” a invertir con estas condiciones “irá, realmente, a hacer una inversión importante en Aragón”. Además, Iglesias dijo que el sector servicios es “nuclear” en Aragón, en el sentido de que representa el 62 por ciento de la economía aragonesa y subrayó que “las economías más modernas tienen más servicios, un 70 por cien”.

Adolfo Barrena aprovechó para criticar la decisión de los servicios de seguridad de las Cortes de no permitir el paso, ayer, a varios activistas contra Gran Scala para asistir en la tribuna de público a la tramitación del proyecto de ley de Gran Scala y preguntó al jefe del Ejecutivo autónomo si esta Ley está hecha, específicamente, para los promotores de International Leisure Development (ILD), que impulsan Gran Scala.

De los centros de ocio de alta capacidad, Barrena avisó de que, desde IU, “no queremos ni uno” y preguntó a Iglesias “qué más va a hacer el Gobierno” además de “legislar a la carta”. Barrena explicó a Iglesias que “no va a encontrar ningún tipo de colaboración en este tipo de proyectos” por parte de IU.

Ayer las Cortes de Aragón aprobaron en pleno la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad una ley hecha a media para el proyecto Gran Scala.

La Ley quedó aprobada con los votos a favor del Partido Socialista y Partido Aragonés; el Partido Popular se abstenía en la mayor parte de los puntos; y Chunta Aragonesista e Izquierda Unida votaban en contra.

Ahora Gran Scala ya tiene vía libre legal a hora “sólo” falta que alguien desembolse capital.

Los socios en el Gobierno de Aragón salieron a declarar inmediatamente. Javier Callau, representante del PAR, manifestó que “esta Ley permitirá la instalación en Aragón de Gran Scala, un centro que será sostenible y en el que habrá control público”. José Ramón Ibáñez, del PSOE, dijo que “no se debe demonizar articulados como éste ni proyectos como Gran Scala”.

El Partido Popular se limitó una vez más a un laissez faire, laissez passer afirmando que las cosas no se han hecho bien y que esperan que las prisas no hayan sido malas consejeras…

Sólo CHA y IU mostraron su pataleta anunciando que van a utilizar todas las medidas posibles para que no se pueda aplicar esta Ley que según Adolfo Barrena, de IU, dijo que se debía cambiar el nombre de la nueva Ley por “Ley de Gran Scala”…

En fin, una tramitación parlamentaria supersonica de apenas dos meses y medio y no exenta de polémica. Con informes jurídicos incluidos que han puesto en duda la constitucionalidad de algunos puntos de la ley, pero claro como las decisiones políticas deben estar por encima de las técnicas, ha seguido para adelante…

La ley entrará en vigor cuanto sea publicada en el BOA dentro de unos días. Entonces, los promotores del macrocomplejo de ocio y juego de los Monegros podrán empezar su tramitación, y lo más importante, a buscar financiación, cosa nada fácil en los tiempos de crisis que corren…

Ya se verá si algunos confian en que nuevos proyectos de juego y ocio sean un buen negocio…

Laura Guillot Colls

Esta Ley regulará las instalaciones de gran impacto turístico y, según el Gobierno de Aragón, “tiene rígidas garantías legales y exige la presentación de avales por parte de los promotores por valor de seis millones de euros”, además de que establece las dimensiones mínimas que debe tener este tipo de instalaciones, mil hectáreas, creación de más de 3.000 empleos y la oferta de al menos 8.000 plazas hoteleras.

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias (i), conversa con su vicepresidente, Jose Angel Biel (2i), y con los consejeros de Política Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva (2d), y de Industria, Arturo Aliaga (d), durante el pleno de las Cortes de Aragón en el que hoy se ha debatido el dictamen sobre el proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que regulará el multimillonario macrocomplejo de ocio y juego Gran Scala en el término municipal de Ontinena en Huesca.

El diputado del PAR Javier Callau, quien ha defendido la Ley en el pleno celebrado hoy en la cámara, ha insistido en que se trata de una norma que facilita la instalación de proyectos en la Comunidad con una generación importante de riqueza y empleo, y ha valorado el “elevado grado de consenso” obtenido en la tramitación.

Por su parte, CHA e IU han rechazado la legislación “a la carta” que, en su opinión, se está llevando a cabo con la aprobación de esta norma, más aún teniendo en cuenta los dos informes de los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón, en los que se presentan dudas sobre la posible inconstitucionalidad de algunos artículos.

Callau ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Marcelino Iglesias considera muy importante el desarrollo de Aragón y el bienestar de sus ciudadanos, especialmente en las zonas donde “se carece de casi todo”, y, por ello, ha mostrado su seguridad de que con la aprobación de esta Ley “se toma la decisión correcta”, porque responde a las “esperanzas” de la Comunidad y a “los sueños de las personas que queremos vivir aquí“.

En este sentido, ha lamentado el “aprovechamiento partidista” que algunos grupos parlamentarios pretenden hacer de esta situación, teniendo en cuenta que “esta Ley tiene un impacto mediático superior a cualquier otra”.

Eloy Suárez, del PP, aunque ha mostrado su apoyo a proyectos de este tipo que generan un gran número de empleos, ha explicado que su grupo se ha abstenido en los artículos “que serían susceptibles de incurrir en inconstitucionalidad” y ha lamentado la “tramitación tortuosa y difícil” de una norma “compleja y con muchas aristas”.

A su juicio, una Ley “de este calado” requería de un “debate sosegado”, ya que “las prisas son malas consejeras”, y ha echado en falta en la norma algunas cuestiones, como una mayor defensa del medio ambiente o garantías respecto a la vertebración del territorio.

Por su parte, el diputado de CHA Chesús Yuste ha explicado que rechaza esta Ley no sólo “por ser inconstitucionalidad”, sino porque “es una barbaridad legislar a la carta” y que el Gobierno “siga apostando por un modelo especulativo que nos ha conducido a la crisis” y no por “un modelo más sano basado en la innovación y el conocimiento”.

En este mismo sentido se ha posicionado Adolfo Barrena, de IU, quien ha recordado que su partido “dijo no a esta locura” y a “esta aberración” desde un principio, y ha lamentado que no se haya preguntado a la ciudadanía respecto a este proyecto.

Además, ha expresado al Ejecutivo autonómico que lo que se está haciendo con esta “mala” ley es “propio de un Gobierno bananero”, donde se cambian normas con facilidad para que proyectos privados puedan seguir adelante, y ha agregado que se va a permitir la apertura de un “guantánamo territorial” en la localidad oscense de Ontiñena donde está proyectado el complejo.

Por su parte, el diputado del PSOE José Ramón Ibáñez ha resaltado que quien gobierna debe dejar de tener vértigo a la hora de tomar decisiones, y ha considerado que de no haber asumido riesgos proyectos como Plaza o la Ciudad del Motor no hubieran seguido adelante.

Se ha mostrado convencido de que es “muy beneficioso y positivo” para la comunidad que se instalen proyectos de cualquier tipo en su territorio, y ha opinado que no de debe demonizar ningún sector económico, al tiempo que ha pedido a los grupos que no responsabilicen a los servicios jurídicos de las Cortes de sus decisiones.